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La sociedad necesita de reglas, nos gusten o no. Es la manera de mantener el orden y el respeto de los derechos de todos. ¿Cómo podemos entonces saber cuáles reglas son las que tenemos que crear o cumplir? Pues en una sociedad moderna, y por el modelo que hemos escogido en Costa Rica, la forma de crear las reglas es a través de un Gobierno elegido en forma democrática. Pensar que toda una sociedad esté de acuerdo de manera unánime en las normas que se dictan, es ilusorio. Por eso, elegimos a personas que deben velar por cuidar los derechos de las mayorías, pero a la vez no discriminar a las minorías. Tarea difícil es esta, pero indispensable para lograr la convivencia.

Tomando en cuenta lo complejo que puede ser aprobar algunas leyes -sobre todo aquellas de temas sensibles para la población-, los ciudadanos debemos respetarlas. No quiere decir estar de acuerdo – si no se está de acuerdo existen mecanismos para que se modifiquen o se declaren inconstitucionales si fuera el caso- pero mientras estén vigentes, hay que cumplirlas. En este punto medular, es donde la responsabilidad social de las organizaciones tiene su punto de partida en el ámbito legal.

El primer paso de una organización que quiere declararse ante la sociedad como socialmente responsable, es identificar claramente toda la legislación que le aplica y verificar y corregir su cumplimiento, sea por mecanismos internos y/o certificaciones de entes externos. Antes de realizar una declaratoria de este tipo, es indispensable que se realice esta verificación de cumplimiento legal.

En este tema no importa si las leyes o reglamentos “son muy viejos”, o “la autoridad no los verifica”, o “no los sanciona”, o “son muy estrictos”, o “son injustos” o “de por sí nadie cumple” o “me la juego”. Una empresa responsable no condiciona el cumplimiento realizando este tipo de cuestionamientos o razonamientos, porque simplemente ya no está en su “ADN”. Si no se está de acuerdo, se pueden emplear los remedios legales y democráticos para impugnar o reformar las normas, pero mientras la norma esté vigente se debe cumplir.

Entonces: ¿cuál es la legislación que está relacionada con la responsabilidad social?

La respuesta es muy simple y a la vez muy compleja: Toda la legislación que aplique a las actividades de la organización.

Se tiene como idea inicial que la responsabilidad social está relacionada más con un compromiso con la comunidad, o con el medio ambiente. En gran parte así es, pero hoy en día tiene un alcance mucho más amplio.

¿Es una organización responsable socialmente si no paga sus impuestos, si no respeta los derechos laborales de sus empleados, si altera sus estados financieros ante sus accionistas o asociados, si paga dádivas para conseguir resultados en contrataciones con el gobierno, si no protege la privacidad de los datos que le corresponde, si incurre en prácticas monopolísticas, si engaña al consumidor, si discrimina, si se atrasa deliberadamente en los pagos a sus proveedores, entre otros?

¿Ya hicimos la tarea de evaluar nuestro nivel de cumplimiento legal en todos los ámbitos, y de corregir de forma transparente todas las brechas identificadas?

La Responsabilidad Social implica un cambio de comportamiento organizacional, dirigido a cumplir la legislación que le corresponde y considerando que la organización no está aislada, sino que sus decisiones y sus acciones afectan al mundo que le rodea (lo que se conoce como partes interesadas): vecinos, trabajadores, competidores, proveedores, consumidores, autoridades, medio ambiente, accionistas o asociados, etc. Todos nos beneficiamos cuando este cambio se da.

Por lo tanto, no es suficiente hacer algunas obras buenas, se trata de ser transparente y capaz de rendir cuentas a las partes interesadas sobre todas las acciones en general. La pregunta es: ¿estamos realmente listos para mostrarnos a la sociedad y decir que somos socialmente responsables?